EL POD 2026-27 APROBADO GENERALIZA LAS RESTRICCIONES
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Ayer, día 20 de mayo, fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada el Plan de Ordenación Docente (POD) 2026-27. Su trayectoria no ha sido muy afortunada ya que el documento que no fue aprobado en el Consejo de Gobierno del día 7 de mayo de 2026 fue devuelto para su revisión a la Mesa de Negociación y al final del proceso ha quedado un documento peor que el primero.
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El POD 2026-27 aprobado no es una mejora del modelo docente sino una redistribución más amplia del ajuste. UGT-UGR no puede avalar algo que termina extendiendo restricciones, deteriorando condiciones de trabajo y debilitando la planificación docente de la Universidad.
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La negociación del POD 2026-27 estuvo condicionada por las limitaciones presupuestarias de partida, traídas por el Equipo de Gobierno, que son insoportables e impuestas por la Junta de Andalucía a las Universidades Públicas y en particular a la de Granada. En ese marco tuvimos que negociar y tratamos de buscar el mal menor, que se concretó en el proyecto de POD que se llevó al Consejo de Gobierno del citado día 7 de mayo.
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UGT UGR ha denunciado la política de la Junta de Andalucía con las Universidades Públicas; pero una Universidad infrafinanciada no puede responder normalizando que el déficit se traduzca en más carga docente, menos capacidad de contratación, más tensión entre colectivos y pérdida de derechos o compensaciones previamente reconocidas.
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El primer POD 2026-27, acordado en la Mesa de Negociación produjo malestar entre cierto sector del PDI, por las minoraciones docentes recogidas en él. Como respuesta a ese malestar nos comprometimos a revisar el POD y a exigir menos recortes al equipo de gobierno, si se tenía la posibilidad con la vuelta del POD a la Mesa de Negociación.
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UGT siempre ha informado de manera transparente de lo ocurrido y así lo hicimos en el comunicado del día 23 de abril de 2026 (https://ugt-ugr.org/ugt-consigue-frenar-la-pretension-de-reducir-el-valor-en-horas-de-los-creditos-ects ), que señalaba el logro conseguido por no reducir el valor en horas de los créditos ECTS; en él trasladábamos todos los detalles de la negociación, incluido los menos gratos como eran las minoraciones docentes. Ocultar lo acordado no es nuestra forma de hacer sindicalismo y ese comunicado fue utilizado. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos informado puntual y fielmente?
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En la segunda ronda negociadora, cuando volvió el documento sin aprobación por el Consejo de Gobierno a la Mesa, actuamos como nos comprometimos, defendiendo 3 puntos claves: Los créditos ECTS con un valor de 10 horas, el suelo de la dedicación del PDI en 120 horas y las minoraciones docentes como en el POD de 2025-26. Como el Equipo de Gobierno no se movió en la dirección que exigíamos, votamos en contra del segundo documento.
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El documento presentado en Mesa y llevado al Consejo de Gobierno tuvo el voto negativo de los 3 sindicatos que forman parte de ella, porque era incluso más restrictivo que el primero, generalizaba los recortes, eliminando los avances conseguidos en el primero, como la reducción de docencia por edad a los mayores de 65 años. En el Consejo de Gobierno de ayer día 20 de mayo se ha aprobado un POD peor que el primero porque las restricciones afectan a más personas.
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UGT rechaza una falsa idea de igualdad según la cual un recorte es aceptable si se reparte entre más colectivos. La equidad no consiste en igualar a la baja. Las minoraciones docentes responden a realidades distintas: investigación reconocida, gestión académica, transferencia, proyectos, atención a necesidades específicas, edad u otras responsabilidades universitarias. Mezclarlas sin una evaluación rigurosa de su función, su impacto y su justificación solo produce agravio, ruido y deterioro institucional.
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UGT no comparte la confrontación entre quienes investigan, quienes gestionan, quienes sostienen docencia estructural, quienes están en etapas iniciales de carrera académica o quienes acumulan responsabilidades invisibles. Ese es precisamente el error que este proceso ha alimentado. La Universidad de Granada no saldrá de su precariedad enfrentando trayectorias, méritos y funciones entre sí, sino exigiendo financiación suficiente, planificación responsable y criterios transparentes.
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La función representativa de las Organizaciones Sindicales no se la ha inventado nadie, viene recogida en nuestras leyes y quien dude de ello está sobrepasando una línea peligrosa, arrogándose una representación que no le corresponde. Cuando se pierde la perspectiva general de la Universidad y se cuestiona la representatividad recogida por nuestras leyes, como ha podido ocurrir durante los distintos niveles de debate y comunicación en el POD aprobado el día 20 de mayo, se entra en una senda muy peligrosa y siempre se pierde en el camino.
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La responsabilidad última del POD aprobado no puede desplazarse únicamente a la presión ejercida por determinados sectores. El Equipo de Gobierno decidió llevar el primer documento, decidió reabrir la negociación en los términos en que lo hizo y decidió defender finalmente una versión más restrictiva. UGT considera que el Rectorado ha gestionado este conflicto sin preservar suficientemente ni la autoridad de la negociación colectiva ni la cohesión interna del PDI.
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Por todo ello, UGT-UGR exige al Equipo de Gobierno una evaluación pública y completa del impacto del POD aprobado: efectos por departamentos, áreas, ramas de conocimiento, necesidades de contratación, renovación de plantilla, figuras temporales, profesorado novel, mayores de 65 años y personal con minoraciones por investigación, gestión, transferencia u otras actividades reconocidas. Sin datos completos no hay debate justo; sin debate justo no hay planificación universitaria seria.
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UGT-UGR seguirá defendiendo un POD que no cargue sobre el PDI las consecuencias de la infrafinanciación, que no convierta los derechos reconocidos en privilegios sospechosos y que no utilice la igualdad como coartada para repartir pérdidas. La Universidad necesita responsabilidad institucional, financiación suficiente y respeto efectivo a la negociación colectiva. No necesita un modelo docente construido a base de recortes sucesivos, agravios internos y soluciones de emergencia.
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