CARTA ABIERTA SOBRE EL PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE
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Os reenviamos el comunicado realizado por la Asamblea Predoctoral de la UGR sobre el Plan de Ordenación Docente (POD), cuyas ideas y razones compartimos.
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Sobre el Plan de Ordenación Docente
Ante lo supuestamente inevitable, elegir lo necesario.
El Plan de Ordenación Docente (POD) ha generado una profunda preocupación en la comunidad universitaria. Con su aprobación se limita la reducción de horas de docencia a la que los profesores tienen derecho por la asunción de otras tareas imprescindibles para el buen funcionamiento de la UGR.
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Esto supone un claro recorte a las condiciones del profesorado: más trabajo por el mismo salario, menos plazas para el personal no estabilizado y menos calidad para el estudiantado. Un recorte que, además, tiene como uno de sus rasgos más preocupantes su presentación como inevitable por el equipo de gobierno desde el inicio de las negociaciones para la aprobación del POD.
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La situación financiera de la universidad pública constituye uno de los argumentos centrales del equipo de gobierno utilizados para justificar las restricciones introducidas en el nuevo POD. Sin embargo, resulta imprescindible analizar las causas de esta situación antes de aceptar sus consecuencias como inevitables. La infrafinanciación universitaria no aparece de manera espontánea ni puede explicarse únicamente por cambios normativos recientes: es el resultado de años de insuficiente inversión y, especialmente, del incumplimiento de compromisos adquiridos con el sistema universitario público.
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No se trata de solicitar esfuerzos adicionales ni de apelar a la buena voluntad del personal de la universidad. Se trata de cumplir los acuerdos existentes: garantizar una financiación suficiente y estable, alcanzar los objetivos de inversión pública recogidos en la legislación universitaria, respetar los compromisos de mejora salarial del personal público y asegurar una planificación de recursos humanos que permita mantener y renovar adecuadamente las plantillas. Sin estos elementos, las universidades se ven obligadas a gestionar la escasez en lugar de planificar su futuro.
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Cada vez que un predoctoral absorbe carga docente del departamento, cada vez que un contratado a proyecto cubre una plaza de personal técnico, cada vez que un PDI no estabilizado no puede saber cuántas plazas se convocarán por la ausencia de una proyección clara de la relación de puestos de trabajo a futuro, se incumplen estas obligaciones. Conviene recordar, aunque se haya normalizado, que cada vez que un trabajador de la UGR trabaja más de 35h semanales también se está incumpliendo la ley. Cumplir con todas estas obligaciones legales exigiría un aumento sostenido y estable del presupuesto de las universidades públicas que ningún gobierno, independiente de su signo político1, ha velado por cumplir.
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Aceptar la infrafinanciación como la única realidad posible, pese a la situación actual de crecimiento económico y de recaudación, implica asumir que los recortes son y serán inevitables. De esta manera, la única discusión pragmática gira en torno a cómo recortar, cómo elegir el mal menor que menos dañe a la institución. Aceptar la pérdida de derechos, aunque se haga bajo la bandera de la lealtad institucional, acaba necesariamente decepcionando a la comunidad universitaria que da vida y fuerza a la Universidad de Granada. Una decepción que acaba transformándose en desafección institucional y que alimenta una lucha de todos contra todos en un contexto de escasez.
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Existe otro camino diferente al del mal menor: elegir lo necesario sobre lo supuestamente posible.
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La Universidad de Granada, institución y comunidad, no puede aceptar esta senda de recorte como un desenlace inevitable, como una profecía autocumplida. Debe oponerse a él para garantizar el acceso a una educación pública y de calidad, una investigación al servicio de la mayoría social y los derechos laborales de su personal. Solo hay un camino alternativo a la decepción y la desconfianza que supone la elección del mal menor: la organización de una oposición fuerte y unida contra los recortes y la situación de infrafinanciación universitaria.
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Las mimbres de esta oposición están puestas en la indignación que ha causado el POD y en las recientes protestas del movimiento estudiantil; una oposición que para ser funcional necesita de la unidad de sindicatos, departamentos, rectorado, estudiantes y de cada trabajador y trabajadora de la universidad. Esto implica hacerse cargo de la situación, desde las posibilidades de cada uno. Si asumimos esta responsabilidad, el camino pasa por la participación colectiva, el debate y la elaboración de un plan común para ganar contra la indignación individual pasajera, el mal menor y el derrotismo.
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Es el camino que tomaron los profesores de secundaria en Asturias que ganaron sus reivindicaciones en 2025, y la comunidad universitaria madrileña, que hizo dimitir al consejero de universidades y paralizar el proyecto de Ley de la LESUC este año. Un camino largo, pero mucho más satisfactorio tanto en su recorrido como en su objetivo. Todo está por hacer, todo está por decidir, todo está por ganar si elegimos lo necesario en lugar de lo aparentemente posible.
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¡Si estás a favor de esta propuesta, difúndela a tus compañeros y compañeras para abrir un diálogo colectivo y comenzar a tomar acción en los próximos meses!
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Esta carta fue elaborada con las conclusiones de los debates de una asamblea organizada por la Asamblea Predoctoral de la UGR sobre la LUPA y el POD, con doctorandos de todas las ramas, postdoctorales, profesores sustitutos interinos, ayudantes doctores, etc. Puedes seguir las próximas actividades de la Asamblea Predoctoral en Instagram o uniéndote a nuestro calendario de actividades.
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Nota
1 La infrafinanciación es el resultado de muchos años de agravio y, recientemente, del incumplimiento de los compromisos del gobierno central (llegar al 1% de inversión del PIB en la universidad con la LOSU) y de la Junta de Andalucía, por negarse ésta a cumplir el acuerdo de financiación que firmó con las universidades y por aprobar una ley universitaria, la LUPA, que hace de la infrafinanciación norma. Ocurre esto mientras el país crece económicamente, se baten récords de recaudación en Andalucía y se duplica el gasto militar en apenas 2 años.
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Esta situación se refuerza con la LUPA, la Ley de Universidades para Andalucía. Al establecer un interventor externo que controle el gasto, se añaden nuevas trabas a la hora de aprobar y planificar las plazas de personal. Con la incorporación de las universidades privadas al Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria (CACU) se refuerza la pérdida de peso de la universidad pública. Por otro lado, con la introducción de nuevas figuras laborales como el profesor ayudante se generaliza la contratación precaria y flexible de predoctorales para suplir huecos de docencia.
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